La movilización sindical por la seguridad ferroviaria ha dado un paso más al ampliarse a los competidores de Renfe en servicios de alta velocidad. El sindicato CCOO ha extendido la huelga prevista para el 17 de noviembre en Adif y Renfe a las plantillas de Iryo y Ouigo, mientras que Semaf ha convocado a los maquinistas de ocho empresas del sector. Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha convocado dos jornadas de huelga el 17 y el 19 de noviembre.
La jornada de paro, de 24 horas, coincide con la huelga conjunta convocada por los Comités Generales de Empresa de Adif y Renfe. En Adif participan CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), mientras que en Renfe se suman las secciones sindicales y Semaf.
Reivindicaciones tras Urda
El detonante de la conflictividad es el accidente ocurrido el 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y obligó a cerrar temporalmente el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. Los sindicatos reclaman la revisión e implantación de medidas extraordinarias de seguridad, así como un cambio de modelo basado en la prevención, el factor humano y la responsabilidad organizacional.
El Comité General de Empresa de Renfe sostiene que el siniestro evidencia los riesgos inherentes a la actividad ferroviaria, tanto para el personal vinculado a la seguridad de la circulación como para el resto de trabajadores y los viajeros. La organización pide, además, impulsar una auténtica cultura de seguridad y prevención en todo el sistema.
Semaf convoca a ocho operadoras
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Semaf, ha registrado una convocatoria propia para el 17 de noviembre que alcanza a los maquinistas de Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway. De este modo, la huelga ferroviaria afecta tanto a compañías públicas como privadas, incluidos los operadores de viajeros de alta velocidad y varias empresas de mercancías.
El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha defendido que la seguridad debe prevalecer sobre los intereses comerciales y operativos de cualquier operador. Tras reunirse con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que asumió transitoriamente las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, el sindicato reclamó actuaciones concretas y transversales para modificar el funcionamiento del sector.
Semaf considera que las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre no fueron consensuadas con el sector. El sindicato insiste en recuperar propuestas planteadas durante años por los trabajadores y sostiene que, aunque los problemas estructurales no pueden resolverse en quince días, sí es posible sentar las bases para abordarlos.
Calendario y unidad sindical
La huelga del 17 de noviembre irá precedida el día 16 por una concentración frente al Congreso de los Diputados. Al día siguiente, el Comité General de Empresa de Adif volverá a reunirse para evaluar la situación y estudiar nuevas actuaciones, según ha informado el Sindicato de Circulación Ferroviario.
ALFERRO ha decidido trasladar sus jornadas de huelga previstas para los días 10 y 12 de noviembre al 17, con el objetivo de favorecer una movilización conjunta de todo el sector y evitar riesgos jurídicos innecesarios. El sindicato denuncia, además, que Renfe ha cuestionado la legalidad de su convocatoria inicial y ha dirigido advertencias individualizadas a los miembros de su Comité de Huelga, una actuación que rechaza frontalmente.
Semaf mantiene, por el momento, sus paros en el Grupo Renfe los días 10 y 12 de noviembre, además de la convocatoria sectorial del 17. La primera reunión con el nuevo responsable de Transportes no ha producido avances, por lo que el Ministerio ha citado de nuevo a la organización para hoy 6 de noviembre.
La extensión de la huelga ferroviaria a Iryo y Ouigo configura una movilización de alcance sectorial inusual, con Adif, Renfe, operadores privados de alta velocidad y empresas de mercancías llamados a un mismo paro. El eje de la protesta es común: exigir garantías de seguridad, más recursos y un cambio estructural en la organización del ferrocarril español tras la tragedia de Urda.