El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y ampliar la protección social de los profesionales del sector. La norma aborda cuatro frentes: el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), la cultura justa y los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
La iniciativa responde a reivindicaciones históricas de las organizaciones sindicales y busca homogeneizar la aplicación de derechos y obligaciones entre las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).
Tiempos de conducción de los maquinistas
El Real Decreto-ley precisa qué actividades deben computarse como tiempo de conducción. A partir de ahora se incluyen las maniobras que impliquen el manejo de un vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones en las que el maquinista continúe siendo responsable del vehículo, prestando atención a la circulación o a las maniobras.
También se contabilizará íntegramente cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese y la reanudación de una actividad de conducción por el mismo maquinista. Esta regla se aplicará incluso si el trabajador ha quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no debe atender la circulación, no realiza actividad alguna o es destinado a otras tareas.
La norma también incluye en el cómputo las interrupciones de 45 minutos o más producidas durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. Además, extiende el recuento a los periodos de conducción realizados fuera de la RFIG, por ejemplo, por personal con licencia de conducción y habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de maquinaria de infraestructura.
En los casos excepcionales en que la conducción se realice por parejas de maquinistas —uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura—, el tiempo de conducción se computará simultáneamente y bajo las mismas condiciones para ambos.
Los responsables de circulación mantienen su jornada sin descanso
El Real Decreto excluye la mejora de los tiempos de trabajo de los responsables de circulación. A pesar de que el accidente de Urda fue consecuencia de una orden incorrecta y de que el colectivo lleva muchos años demandando mejoras, el Ministerio de Transportes ha optado por mantener jornadas continuas de 8 horas.
Este trabajo requiere una gran concentración. La fatiga y los picos de estrés causados por una sobrecarga de trabajo y por imprevistos, como una situación degradada, son focos de error que pueden derivar en accidentes. Como se publicó en este medio, lo verdaderamente inexplicable es que no se hayan adoptado medidas para mejorar las condiciones de este colectivo, del cual depende directamente la seguridad en la circulación.
Más facultades para la AESF
El texto refuerza las competencias de supervisión e inspección de la AESF (Agencia Española de Seguridad Ferroviaria). Toda persona física o jurídica objeto de una actuación de supervisión deberá facilitar al personal inspector el acceso a sus instalaciones y equipos, mientras que las entidades ferroviarias deberán permitir el acceso a las instalaciones, al material rodante y a los equipos cuando resulte necesario para la inspección.
La medida permite a la Agencia desarrollar sus actuaciones aunque las instalaciones, trenes o equipos objeto de supervisión pertenezcan a una entidad distinta de la directamente supervisada. Con ello se pretende evitar limitaciones prácticas en las inspecciones y reforzar el control de la seguridad operacional a lo largo de toda la cadena ferroviaria.
Cultura justa y derecho a detener el tren
El Real Decreto-ley incorpora los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, mediante un capítulo específico sobre la comunicación de riesgos para la seguridad operacional y la protección del personal.
El personal con funciones de seguridad operacional podrá comunicar riesgos a través de canales internos o de sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de la persona informante. No se impondrán sanciones cuando la información se comunique previamente, cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.
La norma reconoce, además, el derecho de los trabajadores a adoptar medidas necesarias y proporcionales ante un riesgo grave e inminente para la seguridad. Entre ellas figuran la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, siempre con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.
El texto establece la protección frente a represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta salvaguarda no se aplicará en supuestos de actuación dolosa, de mala fe o de negligencia grave.
Coeficientes reductores de jubilación
En materia de protección social, el decreto extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la RFIG. El objetivo es garantizar la igualdad de trato en los coeficientes reductores de la edad de jubilación entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha un procedimiento de revisión de estos coeficientes, conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con participación sindical. La revisión estudiará la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.
La aprobación del Real Decreto-ley llega en un contexto de tensión laboral en el sector, con huelgas convocadas para hoy y el jueves 12, así como para el 17 y el 19 de noviembre, por el accidente de Urda. Transportes defiende que el RD supone un cambio normativo relevante para la seguridad ferroviaria, la gestión de los tiempos de conducción y la protección social de los profesionales que operan la red.